La ex presidenta presentó una acción declarativa de certeza para que el máximo tribunal se expida.
La medida se toma para que el "pueblo argentino pueda expresar su más profundo repudio al atentado contra la vida de la Vicepresidenta de la Nación", ocurrido anoche en las inmediaciones de su domicilio.
El escrito resaltó que la actuación negligente de la magistrada en la producción de prueba produjo una parálisis en la investigación y que los vínculos que la unieron con la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Macri hacen dudar de que ejerza sus funciones con imparcialidad.
Se trata de las causas conocidas como “Hotesur” y “Los Sauces”. El Máximo Tribunal rechazó el recurso de queja y dejó firme la revocación de sobreseimiento dictada por la instancia anterior.
Luego de la decisión del Juzgado Federal de Río Gallegos que la mantuvo en el padrón y la posterior apelación del Ministerio Público Fiscal, ahora el máximo órgano nacional en materia electoral deberá decidir si la ex presidenta podrá dirigirse a votar en las elecciones legislativas de octubre.
Así lo decidió la Cámara Civil y Comercial Federal. En el expediente se reclamaba la indemnización por daños derivados del accionar denunciado en la causa penal, pero caducó por falta de impulso de la Dirección Nacional de Vialidad dentro del plazo previsto en el Código Procesal.
Sabag Montiel, autor material del ataque, deberá cumplir una condena a 10 años de prisión, mientras que Uliarte, partícipe necesaria, fue condenada a 8 años de prisión. Gabriel Carrizo resultó absuelto